El Tesoro Nacional de Sudáfrica publicó el 17 de abril un proyecto de ley para integrar las criptomonedas en su régimen de flujos de capital. Según el borrador oficial, las infracciones conllevan multas de un millón de rands sudafricanos y penas de hasta cinco años de cárcel. La normativa exige a los residentes declarar tenencias superiores a un umbral económico todavía no definido por las autoridades financieras del país africano.
Según el documento oficial, el borrador de las Regulaciones de Gestión de Flujo de Capital de 2026 busca reemplazar de forma íntegra a las actuales Regulaciones de Control de Cambios de 1961. Los titulares de activos digitales deberán declarar sus inversiones al Tesoro Nacional de Sudáfrica en un plazo máximo de 30 días posteriores a la adquisición de los fondos mediante canales autorizados. El texto legal establece que las divisas digitales obtenidas para fines específicos tendrían que liquidarse obligatoriamente si el motivo de la compra dejara de ser vigente.
Hasta el próximo 18 de mayo, la ventana para la recepción de comentarios públicos permanecerá abierta para todos los actores interesados. Este marco regulatorio criminaliza explícitamente las transacciones transfronterizas de Bitcoin realizadas fuera de los canales aprobados por el Estado para el intercambio oficial. Asimismo, la normativa otorga facultades a oficiales de control para solicitar declaraciones de tenencias al ingresar o salir del territorio nacional, bajo la premisa de vigilar el flujo de divisas.
En el año 2022, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) ya había clasificado a las criptomonedas como productos financieros regulados bajo la Ley FAIS. No obstante, la nueva propuesta del Tesoro Nacional añade una capa de control macroeconómico que afecta la libertad de movimiento de capitales. Esta transición intenta cercar tecnológicamente la naturaleza descentralizada de los protocolos blockchain mediante la imposición de una vigilancia centralizada sobre los flujos de salida del país.
Impacto estructural en el cumplimiento y la custodia institucional
Desde una perspectiva regulatoria, el borrador introduce la figura del “oficial de cumplimiento” con facultades para inspeccionar dispositivos físicos. Este funcionario podrá registrar cualquier artículo en posesión de una persona para determinar si posee o controla activos digitales no declarados. Analistas legales señalan que esta medida introduce una tensión jurídica entre la seguridad nacional y la privacidad financiera, especialmente en lo que respecta a la custodia de claves privadas.
Dentro del marco de la adopción institucional, los proveedores de servicios deberán adaptarse a una nueva categoría de registro para operar legalmente. Carel van Wyk, fundador de la pasarela de pagos MoneyBadger, advirtió que la propuesta introduce poderes de compra obligatoria sobre criptoactivos declarados ante el Tesoro. Según el directivo, la normativa restringe severamente las operaciones entre particulares regulados que superen los límites transaccionales establecidos por el gobierno central sudafricano.
El cumplimiento normativo será obligatorio para todos los residentes del país.
El mercado observa ahora la evolución de este proyecto que marca el mayor cambio en el control de cambios sudafricano en seis décadas. El hito que definirá el futuro del sector será el cierre del periodo de consulta el 18 de mayo, tras el cual se publicarán los umbrales específicos de declaración. Las instituciones financieras deberán evaluar si los costes de cumplimiento permiten mantener la competitividad de la región como centro de innovación tecnológica en el continente africano.
Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento financiero.
