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Los gobiernos de Colombia y Francia han anunciado nuevas medidas para intensificar la supervisión del sector de los activos digitales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia lidera esta ofensiva mediante la Resolución 000240. Las autoridades buscan mapear la propiedad de activos para eliminar los focos de anonimato financiero. Por ende, los exchanges y plataformas de servicios digitales deberán reportar saldos detallados de sus usuarios. Asimismo, esta normativa marca el inicio de una era de transparencia obligatoria en el mercado latinoamericano. Según Lockridge Okoth, los proveedores deberán recolectar datos sobre el volumen y valor de mercado de cada transacción. En Colombia, las obligaciones de reporte formal comenzarán en el año fiscal 2026, con el primer envío previsto para mayo de 2027. Las plataformas deben informar sobre la propiedad de cuentas, el número de unidades transferidas y los saldos netos finales. El incumplimiento de estas normas acarreará multas de hasta el 1% del valor total no reportado. De este modo, la DIAN podrá verificar las declaraciones personales de cada contribuyente de manera automática. Por lo cual, el país busca alinear sus reglas internas con los estándares internacionales de transparencia fiscal. No obstante, Colombia sigue siendo el quinto mercado más activo en transacciones digitales de la región. Por otra parte, Francia ha decidido poner el foco en las billeteras de autocustodia, afectando a usuarios de Ledger y MetaMask. La Asamblea Nacional aprobó enmiendas que obligan a declarar cuentas que superen los 5.000 euros de saldo total. Esta medida extiende la vigilancia estatal más allá de las casas de cambio centralizadas tradicionales. Por lo que, los tenedores de activos digitales enfrentan controles mucho más rigurosos sobre su patrimonio privado. Además, el gobierno francés justifica estas acciones tras detectar vulnerabilidades en bases de datos fiscales durante el año pasado. Por ende, el control sobre las billeteras no custodiales se vuelve una prioridad de seguridad nacional. ¿Representan estas nuevas leyes el fin definitivo del anonimato en el ecosistema digital? El panorama global muestra una tendencia clara donde los gobiernos ya no dependen de los informes voluntarios de los ciudadanos. La regulación fiscal de criptomonedas se está convirtiendo en un rastro de auditoría digital ineludible para cualquier inversor activo. Las herramientas de análisis permiten rastrear movimientos entre billeteras con una precisión técnica sin precedentes. Por lo cual, el anonimato financiero tradicional está desapareciendo rápidamente bajo las nuevas políticas de supervisión gubernamental. También es importante destacar que países como los Emiratos Árabes Unidos están criminalizando el uso de herramientas no licenciadas. De este modo, el cerco legal sobre los activos digitales se cierra a nivel mundial. Las criptomonedas están ahora plenamente bajo el radar de las autoridades tributarias más importantes de Europa y América Latina. En Francia, las recientes detenciones relacionadas con el uso de datos fiscales por el crimen organizado aceleraron estas reformas legislativas. Los inversores deben prepararse para un entorno de cumplimiento estricto y reporte constante de sus operaciones. Por ende, el sector financiero digital se integra finalmente en las estructuras de control estatal tradicionales. Sin duda, estas medidas buscan prevenir el lavado de activos y garantizar la recaudación justa sobre las ganancias de capital. Asimismo, la industria tecnológica deberá adaptar sus interfaces para cumplir con estas demandas de información.

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