La implementación de la normativa integral para el sector criptográfico en Corea del Sur se ha desplazado oficialmente hasta el año 2026. Este retraso en la Ley Básica de Activos Digitales surge por la falta de consenso entre los reguladores sobre el control de las monedas estables. Amin Ayan, periodista especializado en el sector, informó que las autoridades se encuentran divididas respecto a los requisitos de emisión.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) lidera la redacción de este nuevo marco legal para fortalecer la protección del usuario. Por otro lado, la propuesta exige que los emisores mantengan reservas totales en depósitos bancarios o bonos gubernamentales. Las empresas deberán garantizar reservas del cien por ciento para evitar colapsos financieros. Esta medida busca aislar el riesgo de quiebra de manera efectiva y segura.
El proyecto de ley también contempla elevar significativamente los estándares de cumplimiento en todo el ecosistema digital. Asimismo, los proveedores de servicios deberán adherirse a reglas de divulgación y publicidad similares a las finanzas tradicionales. Además, las firmas podrían ser responsables de daños por hackeos incluso sin negligencia comprobada. Los operadores enfrentarán una responsabilidad civil mucho más estricta desde su implementación. El cumplimiento normativo será obligatorio para todas las plataformas registradas.
Las discrepancias institucionales bloquean el avance de la infraestructura digital nacional
El punto central del conflicto radica en quién posee la autoridad legal para emitir estos activos estables. El Banco de Corea insiste en que solo los consorcios controlados por bancos deberían tener este derecho. No obstante, la FSC advierte que limitar la emisión a los bancos podría frenar la innovación tecnológica. El banco central exige una participación bancaria mayoritaria en cada proyecto. Los reguladores financieros defienden la apertura hacia las fintech locales.
Otro desacuerdo importante gira en torno a la gobernanza y supervisión directa de estas nuevas herramientas de pago. El Banco de Corea propone crear un comité de licencias dedicado exclusivamente a la supervisión de stablecoins. Sin embargo, la FSC sostiene que no es necesario crear un nuevo organismo burocrático para tales funciones. La coordinación entre agencias estatales sigue siendo un desafío para el gobierno. El debate sobre la autonomía tecnológica continúa estancado actualmente.
¿Podrá Corea del Sur equilibrar la estabilidad financiera con el fomento de la innovación tecnológica?
A pesar del estancamiento legislativo, gigantes como BC Card ya realizan pruebas piloto exitosas con pagos mediante activos digitales. Además, el gobierno prepara una ofensiva agresiva contra el crimen financiero expandiendo los requisitos de la regla de viaje. Por ende, la supervisión de las criptomonedas se volverá mucho más rigurosa para transferencias pequeñas de bajo valor. Las autoridades vigilarán transacciones menores a un millón de wones. La lucha contra el lavado de dinero se intensifica globalmente.
La nueva normativa también podría permitir nuevamente las ofertas iniciales de monedas (ICO) bajo criterios muy específicos y estrictos. Por lo cual, los proyectos locales tendrían una vía legal para recaudar fondos después de años de prohibición absoluta. En conclusión, aunque el marco legal se retrasa, el objetivo final es crear un entorno digital resiliente y transparente. El mercado surcoreano espera una mayor claridad regulatoria para 2026. La protección al inversor será el eje fundamental del futuro.
