El debate legislativo sobre criptoactivos ha encendido las alarmas entre reguladores estatales, que advierten que un proyecto de ley federal podría dificultar la persecución de fraudes. La disputa involucra a fiscales estatales, víctimas de estafas en cajeros de criptomonedas y al marco regulatorio nacional, con preocupación por posibles huecos legales.
Las advertencias señalan que la redacción propuesta modificaría definiciones y jurisdicciones clave sobre los criptoactivos, lo que abriría espacios que los estafadores podrían aprovechar. En paralelo, el Congreso ha presentado iniciativas para abordar el fraude en cajeros cripto y un marco para stablecoins, manteniendo el tema en el centro de la agenda.
Cambios propuestos en criptoactivos y tensión entre jurisdicciones
Reguladores de estados desde Alabama hasta Montana alertan sobre cambios en definiciones y autoridad que, de aprobarse, alterarían la coordinación entre niveles de gobierno. Sostienen que estas modificaciones crearían huecos legales que beneficiarían a los estafadores y complicarían la labor de las fiscalías estatales.
El conflicto se concentra en la definición de “inversión” y en la distribución de competencias, un punto neurálgico para los casos de fraude. El aumento de estafas en cajeros de criptomonedas ha intensificado la tensión: el FBI reportó en 2024 casi 11.000 quejas relacionadas con estos kioscos, con víctimas de edad avanzada desproporcionadamente afectadas.
El Congreso ha presentado medidas para contener el fraude en cajeros cripto. El senador Dick Durbin introdujo el Crypto ATM Fraud Prevention Act, que establece límites y salvaguardas: tope de $2.000 diarios para usuarios nuevos, retrasos de más de dos semanas para retiros de $10.000, comunicación directa para transacciones superiores a $500 y reembolsos condicionados a denuncias policiales dentro de 30 días.
La tensión entre normas federales y estatales podría tener consecuencias concretas: los fiscales estatales verían reducida su capacidad para iniciar procesos si la definición federal limita su base legal; los límites en cajeros cripto podrían disminuir fraudes pero también afectar la liquidez; y los jueces emiten más congelaciones de activos ante la inacción de otros actores. Los vacíos regulatorios emergen mientras el GENIUS Act y otras iniciativas avanzan simultáneamente, complicando la coordinación entre fiscalías y organismos federales.
La disputa legal continuará en el Congreso y en los tribunales. Mientras tanto, fiscales estatales advierten que la redacción del proyecto podría debilitar su capacidad para perseguir fraudes, según reguladores y reportes del 1 de octubre de 2025. El Crypto ATM Fraud Prevention Act y la GENIUS Act permanecen en el centro del debate, a la espera de definiciones que equilibren protección al consumidor y coordinación intergubernamental.
