Las autoridades de Malasia han movilizado una fuerza de tarea conjunta que emplea drones de alta tecnología para desmantelar operaciones de minería ilegal de Bitcoin en todo el país. Akmal Nasrullah Mohd Nasir, viceministro de transición energética, confirmó el despliegue de tecnología de vigilancia aérea y sensores terrestres para ubicar y cerrar casi 14.000 instalaciones clandestinas que estaban drenando recursos críticos de la red eléctrica nacional.
El sofisticado operativo utiliza drones equipados para detectar firmas de calor térmico en edificios sospechosos, mientras que oficiales en tierra emplean sensores especializados para rastrear el uso ilícito de electricidad. Según datos oficiales de la empresa estatal Tenaga Nasional (TNB), estas actividades delictivas han sustraído 1.100 millones de dólares de la red desde el año 2020. Además, las denuncias de vecinos sobre ruidos extraños han sido una pieza clave en la investigación, permitiendo a la policía localizar y neutralizar miles de equipos de computación que a menudo se esconden en locales comerciales vacíos o residencias privadas.
Este robo masivo de energía representa un desafío crítico para la infraestructura, ya que la minería ilegal de Bitcoin no solo hurta recursos financieros, sino que daña físicamente las instalaciones eléctricas, creando riesgos de incendios y apagones.
El monto robado es tan significativo que podría financiar la alimentación básica de más de 567.000 personas durante un año entero, según estimaciones del Departamento de Agricultura. Asimismo, esta cifra es suficiente para abastecer de electricidad a aproximadamente 373.000 hogares promedio en la nación asiática durante doce meses completos, lo que evidencia la magnitud del perjuicio social causado por estas redes criminales.
¿Podrá la tecnología de vigilancia detener el robo masivo de energía en el sector?
La intensificación de estas medidas subraya la necesidad urgente de regular el consumo energético asociado a las criptomonedas, protegiendo la red nacional de colapsos potenciales por sobrecarga. Si bien estas incautaciones no afectan drásticamente el precio global de BTC debido a la inmensidad de la red, sí envían un mensaje contundente sobre la tolerancia cero hacia el robo de electricidad en jurisdicciones clave para la minería.
Por ende, los operadores legítimos que pagan sus tarifas podrían beneficiarse a largo plazo de una red más estable y de una menor competencia desleal por recursos energéticos en la región del sudeste asiático.
El gobierno malasio ha demostrado su compromiso firme al aumentar las redadas tras registrar un incremento del 300% en robos de electricidad entre 2018 y 2024. Se espera que las autoridades continúen perfeccionando sus tácticas de vigilancia aérea y terrestre para erradicar por completo la minería ilegal de Bitcoin del territorio nacional y recuperar los ingresos perdidos.
Finalmente, la colaboración continua entre la policía y la empresa eléctrica estatal será decisiva para restaurar la integridad del sistema y asegurar que la innovación tecnológica no se construya a expensas de la seguridad pública.
