El Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del estado de Washington ha emitido una contundente orden de cese y desistimiento contra el operador de quioscos Coinme, obligando a la firma a detener todos sus servicios de transmisión de dinero. La medida, fechada el 1 de diciembre de 2025, exige el reembolso de más de 8 millones de dólares a los clientes afectados, alegando que la empresa con sede en Seattle convirtió ilegalmente los fondos de vales no canjeados en ingresos corporativos.
Según la investigación oficial, el modelo operativo de la compañía requería que los usuarios compraran vales de papel en los quioscos físicos para luego canjearlos en línea. El DFI sostiene que, cuando estos vales no se reclamaban dentro de un plazo específico, la empresa se apropiaba de los saldos pendientes registrándolos como ingresos propios, una práctica que viola flagrantemente la Ley Uniforme de Servicios Monetarios del estado.
Charlie Clark, director del DFI, enfatizó que las leyes de transmisión de dinero existen para proteger a los consumidores que confían en empresas licenciadas, subrayando que las violaciones graves tendrán consecuencias directas. Además de la restitución, la firma enfrenta la posible revocación de su licencia, una multa de 300.000 dólares y una prohibición de 10 años para su CEO, Neil Bergquist, si no logran defenderse en la audiencia administrativa.
Por su parte, Ben Enea, Director de Cumplimiento de la empresa, declaró que están cooperando plenamente con los reguladores para resolver la situación. Sin embargo, los cargos detallan una falla sistémica en mantener el patrimonio neto tangible requerido legalmente entre 2020 y 2025, además de la presentación de informes inexactos y la falta de transparencia sobre los plazos de canje. Este caso resalta la creciente presión sobre la regulación de cajeros Bitcoin, donde las autoridades buscan eliminar las áreas grises operativas que permiten el manejo discrecional de los activos de los usuarios.
¿Podrá el sector de cajeros cripto sobrevivir a este nuevo estándar de cumplimiento?
Este incidente marca una escalada significativa en la supervisión de las pasarelas de cripto a fiat, enviando un mensaje claro a toda la industria sobre el tratamiento de fondos no reclamados. Para los inversores institucionales y operadores, el riesgo ya no radica solo en la solvencia de un operador individual, sino en el precedente legal que reclasifica los activos inactivos de los clientes como pasivos exigibles y no como ingresos varios o «roturas». Los reguladores están señalando el fin de la tolerancia hacia prácticas contables laxas, lo que obligará a todas las empresas del sector a endurecer sus políticas de divulgación y reversión de fondos al estado.
El impacto de esta medida podría comprimir los márgenes de beneficio en todo el ecosistema de servicios cripto orientados al consumidor, introduciendo nuevos costos de cumplimiento normativo. A medida que Coinme dispone de 20 días para solicitar una audiencia antes de que la orden sea permanente, el mercado observa atentamente. El desenlace de este conflicto definirá probablemente los nuevos estándares operativos y contables, forzando una maduración necesaria pero dolorosa para las infraestructuras físicas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos.
