La CLARITY Act se encuentra en un punto muerto después de que colapsaran las conversaciones entre la Casa Blanca, los bancos y los principales exchanges. los bancos, continúan con su postura de presionar para que las stablecoins no puedan ofrecer rendimientos a sus usuarios.
Las negociaciones recientes se han centrado en si las stablecoins deben limitarse estrictamente a funciones de pago o se les debería permitir ofrecer intereses u otros beneficios a quienes las mantienen. Los grupos bancarios han presionado a los legisladores solicitando vetar cualquier incentivo financiero o no financiero vinculado a stablecoins, generando el estancamiento de la CLARITY Act.
Su argumento es claro: permitir rendimiento podría incentivar la migración de depósitos fuera del sistema bancario tradicional, afectando la estabilidad y la capacidad de préstamo.
Del otro lado, representantes de la industria cripto sostienen que el rendimiento no es un accesorio, sino un motor central de adopción y liquidez, especialmente en el ecosistema DeFi y en exchanges. Algunas empresas han mostrado apertura a compromisos parciales, pero rechazan una prohibición total. A su juicio, una medida de ese tipo erosionaría la competitividad internacional de las stablecoins emitidas en Estados Unidos.
Parálisis regulatoria, la importancia de la CLARITY Act y efectos en la economía on-chain
El estancamiento en torno al CLARITY Act ha prolongado la ambigüedad normativa para compañías que desarrollan infraestructura on-chain basada en el dólar. Sin un marco definitivo, muchas firmas enfrentan dificultades para planificar lanzamientos, estructurar productos y cerrar alianzas estratégicas con contrapartes institucionales.
Además, la incertidumbre regulatoria podría impactar directamente la liquidez. Si se restringen los mecanismos de rendimiento, protocolos sensibles al flujo de capital podrían experimentar una menor demanda. En paralelo, la falta de claridad podría acelerar la reubicación de operaciones hacia jurisdicciones con reglas más definidas y permisivas.
Las conversaciones también se entrelazan con la GENIUS Act, promulgada en julio de 2025, cuyas reglas de implementación tienen como fecha límite julio de 2026. Ese calendario añade presión política: los reguladores deberán decidir si avanzan hacia un esquema más restrictivo respecto al rendimiento o si adoptan un marco más flexible que permita innovación en productos financieros on-chain sin comprometer la estabilidad sistémica.
En términos prácticos, el punto muerto deja tres riesgos principales para el mercado. Primero, el cumplimiento normativo incierto probablemente retrase nuevos productos y asociaciones estratégicas. Segundo, los modelos de negocio que dependen del rendimiento como incentivo podrían ver erosionada su base de usuarios. Y tercero, la posición de EE. UU. en la economía digital del dólar podría debilitarse si empresas y capital migran hacia otros entornos regulatorios.
