Texas ejecutó una asignación inicial de $5 million to $10 million en BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) a finales de noviembre–principios de diciembre de 2025, un movimiento que se produjo cuando Bitcoin cayó aproximadamente 27–30% desde los máximos de octubre. La compra de Bitcoin por parte de Texas enmarcó de inmediato al activo como un instrumento permisible para las tesorerías estatales y puso en perspectiva vías legales y operativas más claras para otros estados de EE. UU.
La adquisición fue autorizada bajo el Senate Bill 21 (SB 21), titulado Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, que establece una vía estatutaria para que el estado mantenga criptomonedas como parte de una reserva designada. El proyecto de ley también incorpora protecciones para la propiedad privada y los derechos de autocustodia y fue redactado para ser neutral para el presupuesto, reduciendo la fricción política sobre el uso de fondos públicos. Esta estructura legislativa crea un precedente legal que otros estados pueden consultar al considerar sus propias asignaciones, señalando que la integración de activos digitales puede realizarse dentro de los marcos fiduciarios y de supervisión habituales.
El estado eligió un vehículo ETF—BlackRock’s IBIT—en lugar de la custodia directa, citando la estructura regulada del ETF y una menor fricción operativa durante un período volátil. Un ETF es un fondo que cotiza en bolsas y posee activos subyacentes, ofreciendo a los inversores exposición regulada sin la responsabilidad de la custodia directa. Comprar participaciones de un ETF mientras Bitcoin cotizaba por debajo de umbrales clave como $85.000–$90.000 representa un enfoque deliberado de «comprar en la caída» por parte de un actor público típicamente reacio al riesgo.
Ese momento sugiere que Texas ve la caída como un punto de entrada oportunista más que como un elemento disuasorio, y reduce la complejidad inmediata de custodia y cumplimiento para otras tesorerías públicas que contemplen asignaciones similares. Algunos comentarios académicos describieron la reacción inmediata del mercado como “económicamente trivial” y, principalmente, “señalización política”, una caracterización que subraya el valor informativo desproporcionado de la compra en relación con su tamaño.
Marco legislativo: SB 21 y la reserva estratégica en Bitcoin
Aunque la cantidad en dólares es modesta en relación con las reservas totales de Texas, el efecto simbólico es grande: la compra de Bitcoin por parte de Texas reclasifica a Bitcoin como un activo de reserva estratégica en el discurso de las finanzas públicas. La decisión demuestra una vía práctica—exposición vía ETF primero, tenencias directas potenciales después—que otros estados e inversores institucionales pueden emular para sortear la incertidumbre regulatoria. También converge con esfuerzos legislativos más amplios referenciados en análisis relacionados que institucionalizarían reservas de activos digitales a nivel federal, normalizando aún más la exposición gubernamental a Bitcoin. La implicación neta es una barrera de entrada más baja para tesorerías conservadoras y una posible cascada de propuestas a nivel estatal modeladas según SB 21.
El movimiento de Texas durante una caída del mercado funciona principalmente como señal de política: valida los ETFs como una rampa de entrada institucional, legitima a Bitcoin como activo de reserva en el sector público y ofrece una plantilla procedimental para otros estados de EE. UU.
