La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una multa de 3.5 millones de dólares al mercado peer-to-peer Paxful debido a graves violaciones AML de Paxful detectadas por las autoridades. Andrea Gacki, directora de FinCEN, declaró oficialmente que la plataforma ignoró sistemáticamente sus obligaciones legales, facilitando transacciones vinculadas a actividades ilícitas y jurisdicciones de alto riesgo durante años.
El organismo regulador acusó formalmente a la empresa de violar voluntariamente las leyes federales contra el lavado de dinero al permitir transferencias altamente sospechosas sin control. Según el informe oficial, la plataforma procesó más de 500 millones de dólares en fondos cuestionables vinculados a regiones sancionadas como Irán, Corea del Norte y Venezuela. Además, se identificaron conexiones directas con [suspicious link removed], un sitio web clausurado por facilitar el tráfico sexual, lo que agrava la severidad de las infracciones cometidas. Los reguladores señalaron que Paxful falló en implementar requisitos básicos de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Entre las omisiones más críticas, destaca la falta de registro como negocio de servicios monetarios (MSB) y la ausencia de un programa efectivo contra el lavado de dinero. Asimismo, la compañía no presentó los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos por ley, dejando un vacío de supervisión peligroso para el sistema financiero. La compañía admitió haber violado voluntariamente la ley federal, reconociendo lapsos de cumplimiento significativos ocurridos bajo la supervisión de su liderazgo anterior. Como respuesta correctiva inmediata, Paxful ha despedido a figuras senior responsables y ha iniciado una revisión interna exhaustiva.
¿Cómo permitieron los fallos de supervisión el flujo masivo de capital hacia actividades criminales globales?
Este evento subraya la importancia crítica de adherirse a las normativas financieras, especialmente en el sector de activos digitales donde los riesgos de anonimato son elevados. La sanción actual no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de presiones regulatorias que llevaron al cierre de su mercado en 2023. El ex CEO Ray Youssef citó múltiples factores detrás del colapso, incluyendo salidas masivas de personal clave y demandas internas de cofundadores que desestabilizaron la operación comercial.
Por otra parte, la incapacidad de dedicar recursos suficientes al cumplimiento normativo se volvió insostenible para la empresa frente a las crecientes demandas de los reguladores estadounidenses. La agencia enfatizó que las empresas de activos digitales deben ajustar sus controles para mitigar los riesgos inherentes al trato con criptomonedas y transferencias anónimas transfronterizas. Este caso sirve como un recordatorio contundente para todo el ecosistema sobre las consecuencias de ignorar los protocolos de seguridad financiera y las sanciones internacionales vigentes.
El impacto de estas acciones resuena en todo el mercado, advirtiendo a otros operadores sobre la tolerancia cero de las autoridades frente a la negligencia corporativa sistemática. La participación de agencias como el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional en este caso demuestra la coordinación federal para perseguir delitos financieros en el entorno digital moderno. Por ende, los inversores y usuarios deben ser más cautelosos al elegir plataformas que cumplan rigurosamente con las leyes para proteger sus activos.
De cara al futuro, se espera que el escrutinio regulatorio se intensifique, obligando a las plataformas restantes a fortalecer sus infraestructuras de cumplimiento para sobrevivir. Paxful deberá continuar con sus esfuerzos de remediación para evitar futuras sanciones, mientras el sector observa atentamente cómo se reconfigura el panorama de los intercambios peer-to-peer globales. La industria probablemente verá una consolidación hacia entidades que prioricen la transparencia y la cooperación con las autoridades para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
