Las autoridades españolas arrestaron a cinco sospechosos en diciembre de 2025 tras una investigación que vinculó a una red criminal con un caso de abril en el que un operador de criptomonedas fue torturado, asesinado y su pareja secuestrada, lo que puso de manifiesto el riesgo letal para los titulares en autocustodia.
La policía dio por concluida una investigación de varios meses sobre el incidente de abril en el que, según se informa, la víctima fue torturada y quemada viva para acceder a una billetera digital, mientras que su pareja fue tomada como rehén. Cinco personas que pertenecían a una red criminal fueron detenidas en España y otras cuatro fueron acusadas en Dinamarca, lo que indica coordinación transfronteriza entre los sospechosos.
La brutalidad del delito llevó a elevar la prioridad policial, y las autoridades empezaron a tratar los ataques dirigidos a titulares de cripto como operaciones criminales organizadas y de alta prioridad, un cambio que está aumentando la cooperación entre jurisdicciones. Un “ataque con llave inglesa” es un método violento en el que los agresores usan fuerza física o tortura para coaccionar a un titular a entregar claves privadas o contraseñas de billeteras, ilustrando cómo la coerción puede eludir protecciones criptográficas sólidas.
Durante 2025 se registró un aumento del 169% en extorsión violenta ligada a cripto, con más de 60 incidentes violentos hasta diciembre. Algunas estimaciones citaban 52 ataques hasta octubre y 25 hasta mayo, lo que se tradujo en un promedio de aproximadamente un secuestro de un titular de Bitcoin por semana durante partes del año. En conjunto, estos delitos coincidieron con pérdidas reportadas que superan los $2.17 mil millones en cripto robada, evidenciando que la amenaza criminal mezcla vectores digitales y físicos.
Las claves del caso y sus repercusiones
Casos paralelos subrayan el alcance global, incluyendo un incidente en Herzliya, Israel (octubre de 2025) por alrededor de $600–$650k, un intento de secuestro en París en mayo de 2025, un caso de tortura prolongada en Nueva York en 2024 y un robo en Richmond, B.C., en 2023 valorado en aproximadamente CAD 10 millones. El aumento del valor de los activos y las demostraciones públicas de riqueza han convertido a algunos titulares en objetivos de alto valor.
Los investigadores están aprovechando plataformas de inteligencia blockchain como Chainalysis, TRM Labs y MoneyFlow de Bitquery para rastrear flujos ilícitos, una capacidad que ha ayudado en procesamientos y recuperación de activos. Firmas privadas, en particular Coinbase, han colaborado con el rastreo de fondos robados, mientras organismos internacionales como el Departamento de Justicia, Europol y la OSCE amplían herramientas de investigación y medidas de confiscación de activos, a veces invocando leyes heredadas como la Proceeds of Crime Act 2002.
La presión criminal empuja a titulares adinerados hacia custodia institucional, seguros especializados y seguridad personal reforzada, alimentando un debate en la comunidad entre autonomía y seguridad, a menudo resumido por el axioma “si no son tus llaves, no es tu cripto”. Las preferencias de custodia y los productos de seguridad pueden remodelar la demanda de servicios institucionales y soluciones de seguros.
El desmantelamiento en España señala tanto avances en la aplicación de la ley como la profundización de la amenaza que combina el anonimato en línea con la violencia fuera de línea, presionando a titulares y proveedores de servicios a revaluar los compromisos de seguridad.
