El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, se negó rotundamente a firmar una estricta legislación sobre activos digitales, argumentando que amenazaba las libertades civiles y la estabilidad económica. Según declaraciones oficiales, este veto presidencial detiene una normativa que buscaba imponer una supervisión gubernamental severa sobre el mercado, desatando una tormenta política inmediata.
El mandatario justificó su decisión señalando que las disposiciones del proyecto, como el bloqueo opaco de dominios web, podrían derivar en abusos de autoridad contra los ciudadanos. Además, criticó la complejidad del texto legal, asegurando que su falta de transparencia generaría una sobrerregulación dañina en comparación con marcos más eficientes en países vecinos. Por ende, afirmó que la Ley de Mercado de Criptoactivos incentivaría la fuga de capitales hacia jurisdicciones como Lituania o Malta, en lugar de fomentar el pago de impuestos local.
Asimismo, Nawrocki destacó que las tarifas de supervisión propuestas eran excesivas, lo cual asfixiaría a las pequeñas empresas emergentes mientras favorece desproporcionadamente a los grandes bancos extranjeros. De este modo, calificó la ley como un error estratégico, advirtiendo que matar un mercado competitivo es una amenaza seria para el desarrollo de la innovación tecnológica nacional. La oficina presidencial reiteró que crear condiciones operativas justas es vital para no expulsar a los contribuyentes del sistema polaco.
¿Podrá Polonia equilibrar la seguridad del inversor sin destruir la innovación digital?
Esta decisión provocó una reacción inmediata y hostil por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes acusaron al presidente de fomentar el desorden financiero deliberadamente. El Ministro de Finanzas, Andrzej Domański, advirtió que actualmente el 20% de los clientes pierden dinero por abusos en el mercado, afirmando que el presidente ha elegido el caos y será responsable por las consecuencias negativas futuras. Por otra parte, el Ministro Radosław Sikorski sugirió irónicamente que los ciudadanos sabrán a quién culpar cuando estallen las burbujas financieras y miles de polacos pierdan sus ahorros.
Sin embargo, defensores de la industria y economistas como Krzysztof Piech rechazaron estas acusaciones alarmistas, argumentando que el ejecutivo no debe culpar al veto por su propia incapacidad de perseguir estafadores con las leyes vigentes. Los defensores del sector de las criptomonedas sostienen que la narrativa del caos es exagerada y celebran la protección contra una burocracia innecesaria.
Finalmente, el entorno regulatorio polaco permanece en incertidumbre a la espera de la normativa europea MiCA, que establecerá protecciones uniformes para los inversores a partir de julio de 2026. El debate sobre la Ley de Mercado de Criptoactivos continuará marcando la agenda, obligando a los legisladores a buscar un consenso que proteja a los usuarios sin sacrificar el potencial tecnológico del país ante la competencia internacional.
