La Casa Blanca ha iniciado la revisión del proyecto de norma del Internal Revenue Service (IRS) que busca someter a tributación y mayor fiscalización las cuentas de criptomonedas en el extranjero de residentes y ciudadanos estadounidenses. La evaluación del Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) comenzó el 14 de noviembre de 2025. Esta iniciativa se enmarca en la adopción del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y promete fortalecer los requisitos de reporte para combatir la evasión fiscal.
La medida busca integrar el intercambio automático de datos sobre criptoactivos entre autoridades fiscales a nivel internacional, siguiendo el estándar CARF impulsado por la OCDE y respaldado por el G20. Este marco obliga a los países participantes a intercambiar información detallada sobre cuentas y transacciones cripto, con implementaciones previstas entre 2027 y 2028.
OIRA ejerce la revisión formal de la norma desde el 14 de noviembre de 2025 y tiene la facultad de modificar, retrasar o recomendar ajustes técnicos antes de su publicación final. La propuesta del IRS pretende que plataformas extranjeras remitan datos granulares, incluyendo movimientos, saldos y datos identificativos de los titulares.
Esta iniciativa se vincula con la entrada en vigor de otros reportes de intermediarios ya previstos, como el Formulario 1099-DA, planteado desde 2025 para registrar operaciones en exchanges. El objetivo explícito del gobierno es reducir el traslado de activos a mercados offshore y nivelar la competitividad de las plataformas nacionales.
Detalles de la propuesta y enlace a CARF
Los contribuyentes con cuentas cripto en el extranjero afrontarán mayores cargas de cumplimiento y riesgos legales si no reportan datos detallados. Las sanciones previstas se alinean con los regímenes aplicados a cuentas financieras foráneas tradicionales, incluyendo multas significativas y potenciales procesos penales en casos de evasión grave.
El IRS fortalecerá sus capacidades de supervisión mediante herramientas como el análisis forense de blockchain, el reporte obligatorio desde exchanges y algoritmos de cruce de datos para detectar discrepancias. Sin embargo, surgen incertidumbres operativas relevantes: muchos exchanges extranjeros podrían carecer de capacidades CARF-compliant; las wallets self-custodied plantean interrogantes sobre su clasificación como cuentas reportables; y las actividades en protocolos descentralizados complican la atribución de responsabilidades.
La implementación de esta regulación podría generar litigios sobre jurisdicción, privacidad de datos y la definición de evento reportable. En cuanto al impacto en el mercado, una mayor transparencia puede reducir la evasión y aumentar la oferta de activos en mercados regulados a corto plazo, aunque también podría elevar la volatilidad hasta que los proveedores implementen procesos de reporte adecuados.
