Las recientes aprobaciones por parte de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de estatutos de banco fiduciario nacional para empresas de criptomonedas han suscitado fuertes críticas de importantes grupos bancarios estadounidenses y organizaciones de defensa.
Asociaciones comerciales bancarias, incluidas la American Bankers Association (ABA), America’s Credit Unions, el Bank Policy Institute (BPI) y la Independent Community Bankers of America (ICBA) sostienen que las aprobaciones de estatutos se apartan del mandato histórico de los bancos fiduciarios nacionales.
Alegan que el modelo propuesto por las empresas cripto se centra en servicios de custodia y pagos en lugar de actividades fiduciarias tradicionales, una distinción que, según dicen, se destacó en una carta conjunta dirigida a la OCC. «Proveer servicios de custodia para activos digitales no es una actividad fiduciaria«, afirma la carta, cuestionando si las solicitudes cumplen con los criterios legales de larga data para los bancos fiduciarios.
Los críticos también advierten sobre el arbitraje regulatorio. Dicen que los estatutos otorgados por la base de custodia digital o intermediación de pagos podrían permitir a las empresas cripto operar con requisitos de capital más ligeros y menos obligaciones de interés público que los bancos comerciales.
Caitlin Long, fundadora de Custodia Bank, encapsuló esta preocupación: «Si lo que temen que suceda termina ocurriendo, ¿por qué no iban a convertirse los bancos simplemente en compañías fiduciarias y mantener sus negocios existentes con una fracción mínima de los requisitos de capital y regulaciones?» La preocupación es que una migración hacia entidades con menor regulación erosionaría los colchones de capital en todo el sistema e incentivaría estructuras de negocio que aumenten la fragilidad sistémica.
Caso de los bancos contra las cartas cripto de la OCC
Los opositores destacan brechas concretas de cumplimiento que asocian con estos estatutos. Varios grupos instaron a la OCC a rechazar las solicitudes de empresas prominentes como Coinbase, Circle, Ripple y Paxos con el argumento de que permitirles ofrecer servicios de pagos y custodia como bancos fiduciarios nacionales podría eludir la supervisión estatal y obligaciones como la Community Reinvestment Act (CRA). La National Community Reinvestment Coalition (NCRC) describió dichos estatutos como un posible «atajo regulatorio» que crearía condiciones competitivas desiguales.
Una preocupación operativa central es la ausencia de seguro de depósitos para muchos modelos de custodia cripto, lo que, según los críticos, aumenta la exposición del consumidor. También se señalan debilidades en las prácticas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) si la supervisión no es tan sólida como la de los bancos tradicionales. Para mayor claridad: una actividad fiduciaria implica gestionar activos en nombre de clientes con el deber legal de actuar en sus mejores intereses.
Los reguladores han emitido orientación interpretativa que permite ciertas actividades cripto bancarias —como la custodia, la intermediación en calidad de principal sin riesgo y la gestión de tarifas de red— con la intención de colocar algunas funciones de activos digitales dentro del perímetro bancario. Esta intención regulatoria es vista por los opositores como insuficiente para cerrar las brechas percibidas.
Los grupos bancarios de EE. UU. presentan un argumento consistente de que los estatutos actuales de la OCC podrían debilitar la supervisión, crear distorsiones competitivas y aumentar los riesgos para los consumidores si no se acompañan de medidas equivalentes de capital y protección pública.
