A medida que los organismos reguladores intensifican los requisitos fiscales y de transparencia para actores identificables en el ecosistema cripto, las finanzas descentralizadas (DeFi) permanecen por ahora al margen, aunque expertos advierten que este “espacio libre” podría cerrarse pronto si se aplica un enfoque más amplio de cumplimiento.
La nueva normativa de la Unión Europea bajo DAC8, diseñada para ampliar la transparencia fiscal y la reporte de datos de transacciones cripto, se centra en intermediarios identificables como exchanges y custodios, dejando explícitamente a las plataformas DeFi fuera de su alcance por el momento. Este enfoque prioriza la aplicación de reglas a entidades concretas ante las dificultades prácticas de regular protocolos sin intermediarios tradicionales.
No obstante, expertos como Colby Mangels, exasesor de la OCDE, advierten que esta exclusión podría ser solo temporal: a medida que las autoridades fiscales combinan los marcos de reporte con las normas contra el lavado de dinero (AML), podrían redefinir responsabilidades y comenzar a tratar a ciertos mecanismos DeFi como proveedores de servicios de activos virtuales sujetos a regulación.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los legisladores están considerando modificaciones al proyecto de ley sobre estructura del mercado de cripto (Digital Commodity Intermediaries Act), donde DeFi ha surgido como uno de los temas de debate más prominentes, reflejando la ambigüedad regulatoria en torno a cómo encajar estas innovaciones dentro del marco legal existente.
Regulación selectiva apunta a intermediarios, dejando a DeFi sin obligaciones por ahora
A pesar de que DeFi todavía opera al margen de las reglas fiscales actuales, el crecimiento de la atención institucional —como asociaciones que llevan herramientas DeFi nativas de Bitcoin a empresas japonesas para gestión de tesorería— indica que el sector está atrayendo interés más allá de simples traders minoristas, lo que podría acelerar futuras iniciativas regulatorias.
El debate sobre DeFi también refleja una tensión más amplia: por un lado, los reguladores buscan cierre de brechas, combate al fraude y mayor transparencia de datos fiscales; por otro, la naturaleza distribuida y sin intermediarios de muchos protocolos plantea desafíos únicos para aplicar estándares tradicionales de cumplimiento.
En este contexto, plataformas DeFi enfrentan una creciente escrutinio sobre si deberían ser clasificadas como proveedores de servicios de activos virtuales o mantenerse como infraestructuras técnicamente fuera del alcance de muchas leyes existentes, aunque esto podría cambiar conforme las reglas evolucionen.
Aunque DeFi permanece fuera de muchas de las actuales obligaciones regulatorias, el panorama legal está lejos de estar definido, y la interacción entre innovación tecnológica y supervisión legal continuará siendo uno de los ejes más debatidos en 2026.
