El presidente de la SEC, Gary Gensler, indicó que la agencia podría ejercer jurisdicción sobre ciertos mercados de predicción. El cambio principal que se baraja es la de clasificar algunos de ellos como valores, planteando una superposición regulatoria directa con la Commodity Futures Trading Commission.
La orientación del presidente de la SEC enmarcó el debate dentro del derecho de valores vigente, esto quiere decir que si un contrato encaja en la definición de “contrato de inversión” según el Howey Test, la agencia sostiene que tanto la plataforma como los productos ofrecidos pueden quedar sujetos a la normativa de valores. Esa interpretación no es meramente académica: redefine obligaciones de registro, estándares de divulgación y riesgos de fiscalización.
El eje del análisis se centra en los cuatro elementos clásicos del Howey Test: inversión de dinero, empresa común, expectativa razonable de ganancias y dependencia material de los esfuerzos de otros. Cuando esos factores convergen, la SEC argumenta que el instrumento funciona como un valor, incluso si externamente se presenta como una apuesta o contrato de evento.
En el caso de los mercados de predicción, la preocupación surge cuando los productos agregan capital de múltiples usuarios, dependen de liquidez gestionada por la plataforma o generan retornos vinculados a la actividad operativa del propio intermediario. Bajo esa lógica, la estructura económica es lo que determina la jurisdicción.
Jurisdicción compartida, tamaño de mercado y riesgos de cumplimiento
Estimaciones sitúan el tamaño del mercado en alrededor de $63.5 mil millones en 2025, una escala que naturalmente atrae mayor atención institucional. Al mismo tiempo, persiste una superposición regulatoria con la Commodity Futures Trading Commission, que históricamente ha supervisado derivados y ciertos contratos de eventos. Esta fricción crea incertidumbre operativa: plataformas y bolsas deben anticipar qué régimen aplicar —o si enfrentarán reclamos concurrentes.
Si un contrato de predicción es considerado un valor, la plataforma podría verse obligada a registrarse, cumplir requisitos de divulgación periódica y someterse a normas antifraude más estrictas. Ello altera la economía del producto, eleva los costos de cumplimiento y modifica el perfil de riesgo legal.
De cara al futuro, el mercado observará tres variables clave: si las plataformas rediseñan contratos para reducir dependencia de la gestión centralizada, qué tan rápido se clarifican las prioridades de aplicación y si la SEC y la CFTC delimitan formalmente competencias o terminan litigando el límite jurisdiccional.
