Las autoridades chinas anunciaron la prohibición de la actividad de las stablecoins offshore que estén vinculadas al yuan y a la tokenización de RWA. El anuncio declaró ilegales las actividades empresariales relacionadas y endureció los requisitos de aprobación para cualquier emisión en el extranjero vinculada al yuan.
En términos generales, el aviso redefine los límites entre lo permitido y lo prohibido en el uso de criptoactivos vinculados al yuan. Al hacerlo, introduce una nueva capa de fricción regulatoria que afecta tanto a emisores como a intermediarios tecnológicos, y reduce la flexibilidad operativa de estructuras que operaban en zonas grises entre jurisdicciones.
El banco central, junto con otras agencias financieras, dejó claro que las monedas virtuales no gozan del mismo estatus legal que la moneda fiduciaria. Bajo ese criterio, las actividades empresariales asociadas a ellas fueron reclasificadas como conducta financiera ilegal, salvo que cuenten con autorización expresa de las autoridades competentes.
Con este movimiento, las autoridades elevan de forma explícita el umbral de cumplimiento para participantes del mercado y proveedores de servicios que venían apoyando emisiones de tokens o plataformas de activos del mundo real tokenizados.
Qué exige el nuevo marco regulatorio en China
Uno de los puntos más sensibles del aviso es la prohibición de la emisión no autorizada en el extranjero de stablecoins vinculadas al yuan por parte de empresas nacionales o de sus filiales offshore. A partir de ahora, cualquier iniciativa de este tipo requiere aprobación explícita, cerrando la puerta a esquemas que hasta aquí operaban fuera del perímetro regulatorio directo.
La tokenización de activos del mundo real también fue abordada de manera contundente. El aviso la categorizó explícitamente como una actividad financiera ilegal dentro de la China continental, extendiendo la prohibición no solo a los emisores, sino también a intermediarios y proveedores de servicios de TI involucrados en estas operaciones.
Además, se prohíbe a entidades e individuos fuera del país ofrecer servicios de tokenización cripto a contrapartes nacionales, a menos que dichas actividades se ejecuten sobre infraestructura financiera aprobada y cuenten con autorización formal. Esto refuerza el control territorial sobre los flujos digitales de valor.
Desde la óptica del mercado, las autoridades justificaron las medidas como una defensa de la soberanía monetaria y de la estabilidad financiera. En la práctica, la restricción a las stablecoins vinculadas al yuan en el extranjero puede provocar un choque estructural en la liquidez offshore denominada en esa moneda, al eliminar una fuente clave para transferencias transfronterizas rápidas.
