Un tribunal federal sentenció a Jingliang Su, ciudadano de origen chino, a cumplir casi cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de participar en el lavado de dinero con criptomonedas. Según los informes judiciales emitidos este 28 de enero de 2026, la red criminal defraudó a más de 170 víctimas estadounidenses mediante sofisticados esquemas de inversión digital.
El grupo delictivo utilizaba tácticas de ingeniería social para contactar a los usuarios a través de redes sociales, aplicaciones de citas y mensajes no solicitados, logrando establecer vínculos de confianza. Una vez obtenido el interés de los inversores, estos eran redirigidos a plataformas fraudulentas que simulaban operaciones reales, permitiendo a los atacantes apoderarse de los activos depositados de forma inmediata.
Por otro lado, la infraestructura financiera de esta organización criminal permitía trasladar los fondos robados desde cuentas bancarias en Norteamérica hacia instituciones en las Bahamas, específicamente en el Deltec Bank. No obstante, el rastreo realizado por las autoridades reveló que el capital era convertido finalmente en la criptomoneda estable Tether, facilitando su posterior envío hacia billeteras digitales bajo control criminal en Camboya.
La sofisticada ruta del fraude y la intervención federal
Durante el proceso judicial, se determinó que los fondos convertidos en activos digitales servían para financiar y expandir operaciones de estafa en toda la región del sudeste asiático, consolidando una red transnacional. Asimismo, el uso de métodos conocidos como pig butchering o “matanza de cerdos” permitió a los perpetradores extraer decenas de millones de dólares, explotando la vulnerabilidad emocional de sus víctimas.
A pesar de los intentos por ocultar el rastro del capital, la cooperación entre organismos de seguridad estadounidenses facilitó la detención de Su en diciembre de 2024, quien finalmente admitió su culpabilidad. Este caso representa un hito en la lucha contra el cibercrimen organizado, destacando la capacidad técnica de los investigadores para desmantelar estructuras que operan fuera de los marcos regulatorios tradicionales.
¿Qué impacto tendrá esta condena en la prevención de estafas digitales?
Además de la pena privativa de libertad, el juez de distrito R. Gary Klausner impuso al sentenciado una orden de restitución que supera los 26 millones de dólares en compensaciones. También se conoció que otros ocho cómplices han recibido condenas similares, lo cual refuerza el mensaje de tolerancia cero emitido por el Departamento de Justicia contra quienes facilitan delitos financieros globales.
En última instancia, el reporte anual de Chainalysis confirma que este tipo de programas de inversión de alto rendimiento siguen liderando el volumen de fraudes dentro del sector tecnológico durante el presente año. Se espera que el endurecimiento de las penas y la vigilancia constante sobre los flujos de USDT ayuden a mitigar las pérdidas, las cuales ya han afectado a miles de inversores a nivel mundial.
