El propuesto Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de Hong Kong, alineado con el Estándar Común de Reporte (CRS), está provocando una fuerte reacción del sector porque las empresas afirman que su estructura podría desalentar la actividad comercial y fragmentar el mercado.
Asociaciones del sector como la Hong Kong Securities and Futures Professionals Association han señalado la arquitectura de sanciones del borrador como especialmente preocupante. Mientras que la conducta intencional conlleva una multa máxima de HKD 100,000 y hasta tres años de prisión, otras infracciones carecen de topes claros.
Las empresas advierten que un solo lapsus administrativo o un fallo de software podría desencadenar responsabilidades sustanciales, creando una postura de cumplimiento impulsada por el temor regulatorio en lugar de una gestión de riesgos proporcional.
Más allá de la exposición legal, la implementación del CARF exige una fuerte inversión en sistemas y personal para recopilar, validar y transmitir datos granulares de transacciones y usuarios para intercambios fiscales transfronterizos. Los proveedores más pequeños esperan que esos costes de cumplimiento desvíen capital de desarrollo de productos y de creación de mercado, reduciendo la competitividad operativa frente a jurisdicciones con regímenes más flexibles.
La preocupación no es la transparencia en sí, sino cómo están redactadas las normas: sanciones sin topes para muchas infracciones, responsabilidad personal de directores y cargos ejecutivos, y amplios requisitos de recopilación de datos que chocan con las preferencias de privacidad de los usuarios.
Efectos en el mercado, tensión por la privacidad y riesgos de fuga de capitales
Las empresas cripto describen una tensión entre los objetivos de transparencia del CARF y un segmento del mercado que valora la privacidad. Esa fricción podría empujar a ciertos usuarios y servicios hacia espacios menos transparentes, contrarrestando la intención del marco de incorporar los activos al ámbito regulado dominante.
Voceros del sector advierten que estos factores podrían provocar un «éxodo de ballenas»: personas de alto patrimonio, inversores institucionales y proveedores de servicios podrían trasladarse a jurisdicciones percibidas como menos gravosas. Eso reduciría la liquidez, disuadiría a nuevos participantes y limitaría la capacidad de Hong Kong para atraer talento y capital para sus ambiciones en activos digitales.
Los responsables de políticas afrontan un dilema. El CARF pretende cumplir los compromisos internacionales de cooperación fiscal, pero la traducción doméstica actual, si no se modifica, corre el riesgo de un equilibrio costo-beneficio desfavorable para muchos participantes del mercado.
Los inversores y observadores están ahora volviendo su atención al calendario de septiembre de 2028 para los intercambios iniciales de información, que será la prueba más trascendental de esta senda de política. La forma en que los reguladores refinen las reglas de responsabilidad y el alcance de los informes antes de esa fecha determinará si Hong Kong preserva su posición competitiva o si la actividad se desplaza a otros lugares.
