La Agencia de Servicios Financieros (FSA) ha determinado que, a partir del año 2026, todas las plataformas de intercambio de activos digitales deberán mantener una reserva de responsabilidad específica en sus balances. Esta nueva normativa regulatoria tiene como objetivo principal crear un colchón prudencial robusto que proteja eficazmente a los clientes frente a hackeos, fallos operativos o insolvencias. De este modo, el regulador japonés busca restaurar la confianza perdida en el sector tras incidentes recientes de alto perfil que han socavado la seguridad del mercado.
La obligación se formalizará mediante una enmienda a la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio prevista para 2026, elevando esta medida de una simple guía a un requisito legal estricto. Los montos de las reservas no serán fijos, sino que se calibrarán según los pasivos, el volumen de operaciones y el perfil de riesgo de cada plataforma.
Las cifras ilustrativas citadas por el regulador oscilan entre los 2.000 millones y los 40.000 millones de yenes (aproximadamente entre 12,7 millones y 255 millones de dólares), dependiendo de la escala del exchange. Además, se permitirá que una porción de seguros aprobados cuente para el requisito, alineando la supervisión con herramientas prácticas de transferencia de riesgo.
¿Garantizarán estas reservas la estabilidad total del ecosistema frente a futuros colapsos?
Esta política marca un cambio significativo hacia el tratamiento de las plataformas de comercio de criptomonedas como firmas de valores tradicionales, sometiéndolas a reglas de instrumentos financieros mucho más estrictas. La FSA presenta este movimiento como una corrección necesaria ante los repetidos fallos de seguridad, citando antecedentes históricos como el colapso de Mt. Gox en 2014. Asimismo, el regulador responde directamente al hackeo de DMM Bitcoin en mayo de 2024, que resultó en una pérdida masiva de 48.200 millones de yenes, y a un robo más reciente de 1.460 millones de dólares en febrero de 2025.
Por otra parte, la medida prioriza un enfoque de contabilidad proactiva sobre mecanismos de transparencia actuales como la Prueba de Reservas (PoR). Mientras que la PoR ofrece una instantánea de las tenencias en cadena, la nueva reserva de responsabilidad asigna fondos dedicados para cubrir pérdidas futuras específicas, enfatizando la preparación financiera real sobre las certificaciones periódicas. El marco legal también incluirá reglas más fuertes de segregación de activos y otorgará poderes claros a administradores designados por tribunales, creando un camino más definido para la restitución de fondos a los clientes en caso de quiebra.
Se espera que estos requisitos provoquen una consolidación del mercado, ya que los costos operativos más altos podrían ser insostenibles para los actores más pequeños. Sin embargo, al permitir cobertura asegurada, se busca equilibrar la protección del inversor con la viabilidad del negocio, evitando el riesgo de arbitraje regulatorio hacia jurisdicciones más laxas. El próximo hito verificable será la aprobación de la enmienda en 2026, momento en el cual el mercado cripto japonés transicionará formalmente hacia un modelo regulatorio más convencional y seguro.
