La Agencia Tributaria de Canadá ha intensificado su vigilancia fiscal dirigiendo su atención hacia miles de inversores de la firma Dapper Labs. Esta ofensiva busca recuperar aproximadamente 72 millones de dólares canadienses relacionados con impuestos criptográficos presuntamente no declarados por usuarios de la plataforma.
Entrando en los detalles de la investigación, el organismo fiscal obtuvo una orden judicial para exigir información detallada sobre cuentas de alto perfil. Inicialmente, la agencia buscaba datos de 18.000 usuarios, pero tras complejas negociaciones redujo el alcance de la investigación a 2.500 archivos específicos.
Las auditorías actuales han revelado que el 40% de los usuarios de activos digitales podrían estar en riesgo de incumplimiento, aunque hasta la fecha no se han formalizado cargos criminales contra ningún individuo. Además, este movimiento es parte de una campaña más amplia que ya ha logrado recuperar más de 100 millones en auditorías durante los últimos tres años de operaciones.
¿Podrá la regulación fiscal cerrar la brecha entre la evasión y el cumplimiento?
Este escrutinio no es un evento aislado, sino que responde a la necesidad urgente de controlar la economía sumergida digital. Predrag Mizdrak, líder del proyecto en la agencia, señaló que los mercados digitales presentan riesgos significativos de incumplimiento fiscal dentro de la economía.
Por otra parte, Canadá se prepara para endurecer aún más las normas implementando el Marco de Información de Criptoactivos en 2026. De este modo, las autoridades buscan herramientas legales como la «orden de personas no identificadas» para acceder a registros de contribuyentes anónimos sin acusar directamente a las plataformas tecnológicas involucradas.
Las implicaciones para los inversores son severas, ya que las transacciones casuales enfrentan impuestos sobre ganancias de capital bajo la ley actual. Si bien la mitad de las ganancias son imponibles, los comerciantes frecuentes deben declarar todos sus ingresos comerciales para evitar sanciones severas por parte del regulador. Por ende, este precedente con Dapper Labs podría extenderse a otras plataformas, obligando a los usuarios a regularizar sus situaciones antes de enfrentar multas masivas o auditorías exhaustivas por parte de las autoridades federales canadienses.
El panorama sugiere que la era de la opacidad en los activos digitales está llegando a su fin definitivo en Canadá. Con un presupuesto de 50 millones asignado para fortalecer el cumplimiento, se espera que la vigilancia sobre las transacciones digitales se intensifique considerablemente en los próximos años. Finalmente, aunque no hay cargos penales todavía, la creación de una agencia nacional de delitos financieros indica que el gobierno no tolerará la evasión fiscal en el creciente mercado de los NFT y activos digitales.
