El Congreso de Estados Unidos está progresando durante esta temporada legislativa hacia una delimitación clara entre commodities y securities en los mercados de criptomonedas. Con proyectos como el GENIUS Act y el CLARITY Act, junto con un reciente borrador del Senado, se está configurando un nuevo marco regulatorio que definirá las competencias entre la SEC y la CFTC.
Tres iniciativas principales articulan el nuevo marco regulatorio que pretende resolver años de incertidumbre en el sector. El GENIUS Act, firmado el 18 de julio de 2025, establece un régimen federal específico para las stablecoins de pago, excluyéndolas expresamente de ser consideradas securities o commodities. Este texto las somete a supervisión bancaria y exige reservas en proporción 1:1, limitando su emisión a entidades autorizadas denominadas «permitted payment stablecoin issuers» (PPSIs).
Por su parte, el Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), aprobado por la Cámara en julio de 2025 y actualmente en espera en el Senado, propone reclasificar la mayoría de los tokens como «digital commodities». Esta reclasificación trasladaría su supervisión a la CFTC, reduciendo el alcance de la SEC a activos que cumplan inequívocamente con la definición de security. Sus defensores consideran que esto reducirá la incertidumbre regulatoria, mientras que los críticos advierten sobre posibles reducciones en las obligaciones de divulgación y protección al inversor minorista.
El borrador del Comité de Agricultura del Senado (11 de noviembre de 2025) complementa estas propuestas al establecer explícitamente que Bitcoin y Ether deben ser considerados commodities. Además, propone estándares operativos como la segregación de fondos, límites a la mezcla de funciones (custodia, corretaje y market making) y requisitos específicos para listar activos «no susceptibles de manipulación», todo ello orientado a aumentar la integridad del mercado y mitigar riesgos estructurales.
Impacto en la supervisión y el cumplimiento
La convergencia de estas iniciativas reordena significativamente el panorama regulatorio: las stablecoins quedarían bajo un marco similar al bancario; la mayoría de tokens bajo supervisión de la CFTC si prospera el CLARITY Act; y la SEC se concentraría exclusivamente en activos que califiquen como securities.
El nuevo marco de cumplimiento incluye medidas como auditorías anuales obligatorias para grandes emisores (con un umbral mencionado de $10.000 millones en circulación), prioridad de los titulares sobre las reservas en caso de insolvencia y facultades tecnológicas para congelar o incautar activos por razones de seguridad nacional.
Existe una notable tensión entre la búsqueda de eficiencia normativa y la necesidad de proteger al inversor, reflejada en las críticas de grupos de consumidores y sindicatos que cuestionan la capacidad de la CFTC para supervisar plataformas minoristas con la misma intensidad que la SEC. Adicionalmente, la propuesta contempla la preeminencia federal sobre las normativas estatales para los PPSIs, lo que reduciría la actual fragmentación de licencias.
Este paquete legislativo traza un mapa regulatorio más definido que podría resolver el prolongado conflicto de competencias entre SEC y CFTC, facilitando la entrada institucional al mercado cripto. Sin embargo, aún quedan abiertas importantes preguntas sobre el alcance real de la protección al inversor y la efectividad práctica de la supervisión.
