El 21 de octubre de 2026, la propuesta conjunta de Francia planteó exigir responsabilidad legal frente a pérdidas de clientes a las plataformas reguladas que faciliten acceso a finanzas descentralizadas. La iniciativa reúne al Tesoro galo, la AMF, el banco central y la ACPR.
La postura francesa responde a la consulta de la Comisión Europea sobre la revisión normativa de los mercados de criptoactivos. París sostiene que los proveedores de servicios deben responder ante incidentes técnicos cuando promovieron de forma activa la conexión a determinadas herramientas descentralizadas.
Actualmente, las actividades completamente descentralizadas y sin intermediación formal quedan al margen de las obligaciones de custodia y reporte. Las autoridades galas argumentan que esa exclusión desprotege a los inversores minoristas cuando operan a través de interfaces comerciales centralizadas.
Obligaciones de control para plataformas vinculadas a finanzas descentralizadas
El documento oficial propone que los intermediarios regulados deban auditar y supervisar protocolos descentralizados de manera previa y continua. Las plataformas tendrían la obligación de verificar contratos inteligentes y monitorear vulnerabilidades técnicas o actividades sospechosas antes de habilitar el enrutamiento de órdenes.
Bajo este esquema, los proveedores significativos asumirían cargas completas de evaluación técnica, mientras que las entidades de menor escala tendrían exigencias proporcionales. Si un protocolo no cuenta con certificación externa, la plataforma deberá ejecutar diligencia debida propia y transparentar advertencias reforzadas sobre riesgos operativos.
La evaluación integral de estos sistemas abarca vectores de gobernanza, liquidez y la seguridad de protocolos descentralizados, factores determinantes para medir la solvencia frente a ataques cibernéticos. Las autoridades descartaron imponer certificaciones obligatorias a creadores de billeteras no custodiales básicas, reservando sellos voluntarios para herramientas avanzadas.
Supervisión europea directa para proveedores de gran escala
En el ámbito institucional, Francia solicitó transferir la vigilancia directa de los grandes proveedores de criptoactivos a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Para ello, sugirió reducir el umbral de 15 millones de usuarios activos diarios fijado para clasificar a una entidad como significativa.
El planteamiento institucional defiende que la escala operativa comunitaria debe medirse también por el volumen de activos bajo custodia, los riesgos del modelo de negocio y la complejidad corporativa del grupo, evitando la fragmentación supervisora entre los reguladores nacionales de cada Estado miembro.
Esta reestructuración afectaría la arquitectura establecida bajo el reglamento europeo de criptoactivos, marco normativo que entró en aplicación general y reservó la supervisión primaria para agencias locales, manteniendo a los organismos comunitarios con atribuciones predominantemente coordinadoras.
Revisión del marco de emisión para monedas estables
Respecto a los activos referenciados, el documento resalta que ningún token referenciado a activos obtuvo autorización oficial bajo la normativa comunitaria. Frente a ese vacío práctico, los reguladores franceses recomendaron rediseñar el régimen existente para abarcar monedas estables respaldadas por múltiples divisas.
La alternativa presentada plantea adaptar la estructura de los tokens de dinero electrónico para absorber estos instrumentos de valor estable. Esta modificación busca otorgar claridad a emisiones complejas sin relajar la protección patrimonial exigida a emisores y entidades de crédito.
Las tensiones en torno a la regulación de activos respaldados forman parte del debate técnico sobre las reservas bancarias de stablecoins, donde actores del sector han cuestionado la rigidez de mantener depósitos masivos en entidades financieras tradicionales.
Las autoridades francesas también solicitaron clarificar las disposiciones aplicables a servicios de bloqueo de activos para obtención de rendimientos y esquemas de préstamo con colateral digital, dos segmentos operativos sin reglas homogéneas en el mercado europeo actual.
La Comisión Europea evaluará estas aportaciones técnicas para redactar su informe legislativo antes del 30 de junio de 2027, fecha formal en la que presentará al Parlamento y al Consejo eventuales enmiendas vinculantes para actualizar el marco regulatorio del bloque.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
