Nueva York presentó un proyecto de ley que suspende nuevos permisos para minar Bitcoin cuando la electricidad provenga de combustibles fósiles, exige evaluaciones de impacto ambiental y analiza un impuesto a operaciones de alto consumo energético. La medida alcanza a mineros, empresas de infraestructura y gestores con exposición a Bitcoin o productos derivados, y busca ordenar la actividad mientras se recopilan datos y se ajusta la normativa.
El texto fija una pausa de dos años para autorizaciones que usen combustibles fósiles y obliga al Departamento de Conservación Ambiental del estado (NYSDEC) a entregar un informe sobre los efectos de la minería. El departamento debía presentar el estudio el 22 de noviembre de 2023 y la suspensión de permisos podría terminar en noviembre de 2024, según la redacción aprobada.
Un trabajo de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, citado en la documentación, calcula que 1,9 millones de personas en Estados Unidos respiraron un añadido de ≥0,1 μg/m³ de PM2,5 atribuible a minas de Bitcoin.
La publicación IEEE Spectrum aporta que 34 instalaciones consumieron 32,3 TWh en el período revisado, cifra un 33 % superior al uso anual de Los Ángeles, y que el 84 % de esa electricidad provenía de plantas que queman combustibles fósiles. Estos datos muestran la presión social y los costos ambientales que motivan la iniciativa.
Alcance del proyecto y fundamentos ambientales
La asambleísta Anna Kelles y senadores como Liz Krueger proponen un impuesto especial (excise tax) a la minería proof-of-work, con el argumento de que la recaudación serviría para compensar daños ambientales. Moratoria significa suspensión temporal de nuevos permisos mientras se analizan efectos y se actualiza la normativa.
Gestores y traders perciben un mayor riesgo regulatorio en Nueva York y estiman que parte de la capacidad de minado puede trasladarse a jurisdicciones con reglas más flexibles. El desplazamiento alteraría el flujo de hash rate y, de consolidarse la idea de escasez de potencia local, podría provocar cambios en los mercados spot y en derivados.
La industria sostiene que la moratoria y el posible impuesto “sofocan la innovación” y empujan la actividad fuera del estado, lo que incrementaría la volatilidad y el open interest en contratos ligados a BTC. Un endurecimiento permanente reduciría la inversión en infraestructuras locales, mientras que el nuevo impuesto elevaría el costo operativo; sus promotores aseguran que el dinero se destinará a mitigación. En un escenario adverso, los ajustes en apalancamiento y cobertura amplificarían los movimientos de precio en el corto plazo.
La moratoria, prevista hasta noviembre de 2024, puede prorrogarse mientras la legislatura discute impuestos y obligaciones ambientales. La próxima decisión sobre extensión o nuevas reglas fijará el alcance regulatorio y enviará señales a la inversión en minería y productos derivados.
