La compañía estatal de servicios públicos, Tenaga Nasional Bhd (TNB), ha sufrido un desfalco financiero superior a los 1.100 millones de dólares debido al robo de electricidad por minería ejecutado entre el año 2020 y agosto del presente ciclo. Esta alarmante cifra fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Transición Energética y Transformación del Agua en una reciente respuesta parlamentaria este martes.
Según los datos revelados por las autoridades, el daño económico masivo proviene de 13.827 instalaciones que fueron detectadas utilizando energía de manera fraudulenta. Estas operaciones ilícitas se centraban principalmente en la extracción de Bitcoin, manipulando medidores o realizando conexiones directas ilegales a la red eléctrica nacional. Para combatir esta situación, TNB ha desplegado operativos conjuntos con la policía, la Comisión de Energía y agencias anticorrupción, logrando incautar miles de equipos y clausurar numerosos establecimientos que ponían en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico del país.
¿Podrá la regulación detener el auge delictivo en el sector energético malasio?
Por otro lado, el problema ha escalado dramáticamente en los últimos años, registrando un aumento del 300% en los casos de fraude energético vinculados a activos digitales entre 2018 y 2024. Los sindicatos criminales suelen operar desde locales comerciales alquilados o residencias discretas, instalando sistemas de ventilación industrial y materiales de insonorización para evitar ser detectados por los vecinos. De este modo, estas redes delictivas consumen cantidades masivas de electricidad equivalentes a bloques residenciales enteros, cambiando de ubicación frecuentemente para evadir la justicia y perpetuar el robo de electricidad por minería.
A pesar de que la nación se posiciona como un líder global en tasa de hash, la falta de claridad normativa socava el potencial de crecimiento legítimo. La Asociación Blockchain ACCESS estima que la formalización del sector podría atraer inversiones millonarias en infraestructura y generar miles de empleos formales este año. Sin embargo, la ausencia de un organismo regulador específico para la minería de criptomonedas deja a los operadores legítimos en un limbo legal, enfrentando tarifas inciertas y riesgos de seguridad.
Asimismo, los expertos sugieren que la solución radica en la implementación de licencias de minería dedicadas y reformas en las leyes de responsabilidad de los propietarios. La organización ACCESS también propone el desarrollo de modelos de minería que cumplan con la Sharia y prioricen la gobernanza transparente. En consecuencia, establecer un marco legal claro permitiría a Malasia capitalizar sus tarifas eléctricas competitivas, transformando una actividad actualmente clandestina y costosa para el estado en una fuente regulada de ingresos fiscales y desarrollo tecnológico sostenible.
