La iniciativa para formar una Reserva Estratégica de Bitcoin en EE. UU. permanece en pausa. La detención coincide con el hallazgo de unos 75.000 millones de dólares en criptoactivos vinculados a delitos que podrían ser decomisados y con la advertencia sobre la ausencia de un sistema nacional claro de gestión. El vacío regulatorio y operativo impacta a funcionarios, mercados de criptoactivos e inversores institucionales que buscan integrar Bitcoin de forma planificada.
Se calcula que 75.000 millones de dólares en fondos cripto —en su mayoría Bitcoin— provienen de actividades delictivas y son identificables en registros públicos. La firma reporta una tasa de aciertos del 94,85% al señalar servicios ilícitos, lo que sugiere un potencial significativo para decomisos que podrían alimentar la propuesta de reserva.
La Casa Blanca firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva para incorporar la cripto decomisada a las reservas nacionales en vez de subastarla. Según el plan, el gobierno ya controla unos 200.000 BTC y el documento oficial describió la futura reserva como “un Fort Knox virtual para oro digital”.
Las herramientas de análisis de blockchain permiten rastrear transacciones y direcciones vinculadas a delitos gracias a la transparencia de las cadenas públicas. No obstante, el informe aclara que identificar técnicamente un activo no implica que el Estado pueda convertirlo en una reserva gestionada, debido a la falta de un marco nacional de gestión.
Las claves para la reserva de Bitcoin en Estados Unidos
La ausencia de un marco legal y operativo para recibir y custodiar cripto decomisada inmoviliza los activos y les resta utilidad estratégica, pese a su potencial para respaldar la reserva.
La parálisis administrativa —por ejemplo, cuando agencias como la SEC reducen actividad durante cierres— dificulta los trámites de incautación y transferencia necesarios para consolidar los activos bajo administración pública.
La imposibilidad de convertir activos identificados en propiedad gestionada puede debilitar la confianza en la eficacia del cumplimiento e introducir señales confusas para el mercado ilícito.
La inacción, según el análisis, colocaría a EE. UU. en desventaja frente a regiones con mayor rapidez en adopción institucional, limitando el impacto estratégico de los activos decomisables.
El plan iniciado en marzo de 2025 sigue sin ejecutarse. La transformación de activos identificables en una reserva operativa continúa pendiente y la siguiente fase depende de decisiones administrativas y legales que aún no tienen fecha.
