El Tesorero Jim Chalmers y el Ministro de Servicios Financieros Daniel Mulino presentaron este miércoles ante el Parlamento un proyecto de ley histórico. Este marco legal busca transformar radicalmente la regulación de criptomonedas en Australia, integrando a las plataformas de activos digitales bajo la supervisión de la ASIC. Los funcionarios destacaron que esta legislación podría desbloquear 24.000 millones de dólares en ganancias anuales de productividad para la economía nacional.
La «Ley de Enmienda de Corporaciones (Marco de Activos Digitales) 2025» establece dos nuevas categorías de productos financieros que requerirán licencias obligatorias. Por un lado, las plataformas de activos digitales que gestionan transacciones y tenencias de clientes; por otro, las plataformas de custodia tokenizada. Esta medida impone sanciones multimillonarias a las empresas que fallen en proteger los fondos de los usuarios, cerrando brechas de seguridad críticas. Asimismo, se establecen exenciones para operadores pequeños que custodien menos de 1.500 dólares por cliente o muevan menos de 10 millones anuales.
¿Logrará esta normativa equilibrar la innovación con la estricta protección al consumidor?
Este movimiento legislativo responde a la necesidad urgente de formalizar el sector, tratando los activos tokenizados como parte del sistema financiero convencional. James Volpe, director de uCubed, señaló que este es un paso significativo hacia la madurez del mercado y la adopción institucional. Las plataformas ahora deberán actuar de manera eficiente, honesta y justa, cumpliendo con los estándares de custodia y liquidación que rigen las finanzas tradicionales. De este modo, se busca evitar colapsos que dejen a los inversores desprotegidos.
Sin embargo, la industria mantiene cierto escepticismo sobre la implementación práctica de estas normas y los costos de cumplimiento asociados para las empresas. Darcy Allen, del Digital Economy Council of Australia, advirtió que el país corre el riesgo de convertirse en un seguidor rezagado en materia normativa. Existen dudas genuinas sobre cómo se utilizarán los poderes discrecionales por parte de los reguladores y si esto frenará la competitividad local. A pesar de las intenciones del gobierno, el sector teme una carga burocrática excesiva.
El proyecto de ley se encuentra en sus primeras etapas de lectura y deberá someterse a un intenso debate parlamentario antes de aprobarse. Expertos como Joni Pirovich sugieren que, aunque la dirección es correcta, aún faltan detalles definicionales clave que la industria deberá pelear para corregir. Se espera que los partidos políticos y los independientes presionen por reformas más holísticas que incluyan claridad fiscal para las criptomonedas.
