La Cámara de Representantes presentó el «Bitcoin For America Act», que permitiría a los contribuyentes pagar impuestos federales en BTC y canalizar esos activos a una nueva Strategic Bitcoin Reserve. El cambio liberaría a los pagos en criptomoneda de un evento impositivo inmediato y fue impulsado por el representante Warren Davidson (R‑OH), con posibles efectos sobre la demanda de Bitcoin y la composición de reservas estatales. Según el texto, la medida posiciona a Bitcoin como activo de diversificación frente a la depreciación del dólar.
El corazón de la iniciativa es autorizar que contribuyentes remitan obligaciones fiscales en Bitcoin y que esos BTC se depositen en una reserva nacional dedicada. Strategic Bitcoin Reserve: un fondo público destinado a acumular y custodiar Bitcoin en el balance del Tesoro.
El texto exonera al contribuyente de reconocer una ganancia o pérdida por el traslado en el momento del pago, estableciendo que la operación se registre al valor de mercado justo en la fecha de la transacción y se trate de forma análoga a las remesas en moneda extranjera, según el propio proyecto.
El representante Davidson definió la ley como «un paso importante hacia la modernización de nuestros sistemas financieros», posicionando a Bitcoin como un activo de diversificación frente a la depreciación del dólar, según la nota de prensa citada por la oficina del congresista.
A nivel legislativo paralelo, figuras como la senadora Cynthia Lummis han impulsado propuestas que contemplan adquisiciones estatales de Bitcoin, incluyendo textos que sugieren la compra de hasta 1 millón de BTC en un horizonte de cinco años.
Implicaciones para mercados, precio, política monetaria y efectos sociales y administrativos
El anuncio introduce un canal institucional de demanda que, de materializarse, podría disminuir oferta disponible y elevar presiones alcistas sobre el precio de BTC; la propia exposición del mercado, según el texto, ya ha mostrado episodios de fuertes subidas (menciones a niveles de $76.000, $103.000 y $114.000 y una cotización referida en torno a $88.769 en noviembre de 2025). Tales movimientos han sido atribuidos en la nota a expectativas sobre recortes de tipos y datos de inflación favorables.
Además, proponentes estiman efectos macroeconómicos amplios: algunos análisis citados en la documentación del proyecto hablan de un posible impulso económico de $14 trillion si se integra Bitcoin como activo de reserva, cifra que merece escrutinio y prudencia, según el propio texto.
A nivel operativo, la medida plantea cuestiones sobre liquidez, ejecución de ventas desde la reserva y señal de riesgo para gestores: una acumulación estatal sostenida reduce float y puede magnificar la sensibilidad de derivados (open interest, skew, implied volatility) ante noticias regulatorias.
El proyecto también subraya la posible mejora en inclusión financiera al permitir pagos federales desde wallets sin necesidad de intermediarios bancarios tradicionales. El mecanismo propuesto exige que el Secretario del Tesoro habilite agentes certificados para recibir BTC, lo que introduce retos de custodia, controles KYC/AML y gobernanza del activo público.
La iniciativa introduce un mecanismo inédito que mezcla recaudación fiscal y acumulación estratégica de Bitcoin, con impacto directo sobre la dinámica de oferta y el posicionamiento de mercado.
