El Senado aprobó 60-40 un proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, un impasse de 41 días que afectó a cientos de miles de trabajadores y programas sociales. La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, con un voto decisivo previsto para el miércoles 12 de noviembre. Si se aprueba y recibe la firma presidencial, reabrirá operaciones federales esenciales y aliviará presiones económicas inmediatas.
Una coalición bipartidista permitió el avance del proyecto: ocho senadores demócratas centristas se unieron a casi todos los republicanos después de semanas de bloqueos partidistas sobre niveles de gasto, recortes a la ayuda exterior y subsidios sanitarios vinculados a la denominada “One Big Beautiful Bill Act”.
El cierre de 41 días dejó consecuencias tangibles: cientos de miles de empleados federales fueron puestos en suspensión y unos 700.000 tuvieron que trabajar sin cobrar, mientras programas como SNAP y WIC quedaron en riesgo y la actividad del IRS sufrió interrupciones.
El coste macroeconómico ha sido significativo: analistas estiman que cada semana de paralización puede restar entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, ilustrando el impacto acumulado de la disputa.
Una resolución continua (continuing resolution) autoriza el gasto a niveles previos cuando no hay presupuestos nuevos; su carácter provisional implica que, incluso si el cierre se revierte, la negociación política queda aplazada hasta la fecha límite fijada en la propia resolución.
Horas clave para el Senado
La aprobación en el Senado reduce la presión inmediata sobre mercados y servicios, pero mantiene abiertas preguntas de gobernanza y riesgo fiscal que deberán resolverse antes del nuevo plazo.
Si la Cámara ratifica la medida y la Presidencia la promulga, la reapertura será un alivio operativo; sin embargo, la prórroga hasta el 30 de enero de 2026 solo traslada la disputa a un nuevo ciclo de negociaciones.
La incertidumbre normativa y presupuestaria elevó costes de liquidez y riesgo operativo durante el cierre; la reapertura temporal puede restaurar confianza a corto plazo, pero la probabilidad de nueva fricción política mantiene un premium de riesgo en decisiones de inversión y planificación de entidades que dependen de contratos federales.
El próximo hito es el voto en la Cámara de Representantes la tarde del 12 de noviembre de 2025; si se aprueba y se promulga, la reanudación de la actividad federal será inmediata, aunque la resolución no elimina la necesidad de acuerdos definitivos antes del 30 de enero de 2026.
