El Senado presentó un borrador de ley sobre la estructura del mercado cripto que busca redefinir la supervisión de activos digitales y redistribuir competencias entre agencias federales. La iniciativa afecta a reguladores, exchanges y emisores, y podría alterar la dinámica de cumplimiento y litispendencia en el sector. El texto no es definitivo y marca el inicio de una negociación interinstitucional.
La propuesta más destacada, impulsada por John Boozman y Cory Booker, plantea trasladar buena parte de la supervisión de ciertos criptoactivos hacia la CFTC, revelada el 10–11 de noviembre de 2025. El objetivo es ofrecer “claridad” jurisdiccional para criptomonedas como Bitcoin y Ethereum y recortar las reclamaciones expansivas de la SEC.
No es un texto final: es un punto de partida para dirimir qué agencia aplica qué normas. En paralelo, el Comité Bancario del Senado publicó un borrador de 35 páginas tras audiencias y debate público en julio de 2025 —incluida la comparecencia de Brad Garlinghouse— que aborda clasificación de tokens, responsabilidades administrativas y refuerza requisitos AML, con miras a un marco federal más amplio y detallado para mitigar riesgos de ilícitos y definir procesos regulatorios.
Impacto en el mercado cripto
En la Cámara de Representantes, el Comité Financiero aprobó H.R.3633, la “Digital Asset Market Clarity Act of 2025”, con una votación de 32–19, que comparte la ambición de ordenar competencias y otorga un papel relevante a la CFTC, aunque con matices propios. La suma de borradores muestra consenso en la necesidad de reglas claras, pero persisten desacuerdos; la división SEC vs. CFTC emerge como el núcleo del conflicto y ralentiza una solución unificada.
Un traslado de competencias a la CFTC obligaría a empresas a ajustar licencias y marcos de cumplimiento, reconfigurando procesos internos y obligaciones de reporte. La clarificación regulatoria podría reducir la incertidumbre y, a corto plazo, atraer actividad institucional; al mismo tiempo, requisitos AML más estrictos pueden elevar costes operativos.
El calendario legislativo permanece incierto; los borradores marcan el rumbo pero no garantizan consenso inmediato. La negociación entre cámaras y agencias será el hito siguiente a observar para saber cuándo y cómo se consolidará un marco regulatorio federal.
