Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, fue condenado a la pena máxima de cinco años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, en una decisión del 6 de nov. de 2025 dictada por la jueza Denise Cote en el Distrito Sur de Nueva York. El fallo marca un giro importante en la persecución federal contra servicios de privacidad en criptomonedas y repercute sobre desarrolladores, usuarios de herramientas de mezcla y operadores que dependen del anonimato para mover liquidez.
Samourai Wallet, lanzada en 2015 y cerrada en abril de 2024, era una cartera móvil no custodia diseñada para aumentar la privacidad de transacciones Bitcoin mediante técnicas de Coinjoin, con funciones conocidas como Whirlpool y Ricochet.
La fiscalía afirmó que el software facilitó el blanqueo de al menos $237 millones vinculados a mercados darknet, ciberataques, fraudes y otros delitos, y que los fundadores recibieron aproximadamente $6,3 millones en comisiones —valoradas en unos $26,9 millones por la revalorización de Bitcoin—. La acusación incluyó mensajes donde Rodriguez habría descrito el mezclado como “money laundering for Bitcoin” y promociones atribuidas a su cofundador sobre la capacidad de “clean dirty Bitcoin” y volver transacciones “untraceable”, según el memorandum del gobierno.
Ambos fundadores aceptaron un acuerdo de culpabilidad por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (18 U.S.C. § 1960); el cofundador William Lonergan Hill será condenado el 7 de nov. de 2025 ante la misma jueza.
Impacto para Samourai Wallet y herramientas de privacidad
La sentencia supera la recomendación de libertad condicional técnica de 42 meses propuesta por la oficina de libertad condicional, tras la presión de la fiscalía por el máximo legal.
La condena refuerza una tendencia de endurecimiento regulatorio citada por el gobierno: casos previos y sanciones a intermediarios —por ejemplo, OKX (~$504 millones), Brink’s ($42 millones), Wynn Las Vegas ($130 millones) y KuCoin (acuerdo cercano a $300 millones y salida temporal del mercado estadounidense)— ilustran que tanto plataformas centralizadas como herramientas de privacidad están bajo escrutinio.
Para traders y gestores, esto implica mayor riesgo regulatorio sobre flujos de liquidez ocultos y posibles cambios en el acceso a servicios que facilitan anonimato, lo que puede trasladarse a mayor volatilidad en momentos de fuga de capitales o ajustes de cumplimiento.
La sentencia a Rodriguez constituye un hito en la criminalización judicial de servicios de privacidad; el próximo evento verificable es la sentencia de Hill el 7 de nov. de 2025, que podría consolidar la postura punitiva y definir riesgos operativos para desarrolladores y proveedores de herramientas de anonimato.
